Nota explicativa sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ver Venice Commission. Por consiguiente, no puede ser incompatible con el mismo, reforzar este respeto Gaceta del Congreso No. O sea, no es posible que el Gobierno presente un proyecto de leyal Congreso tratando de incorporar dicho tratado a nuestra normatividad interna Llegamos entonces a un texto conciliatorio y dialogamos con el Gobierno; texto que por cierto que ya lo he mencionado en el sentido de que el Gobierno Nacional puede ratificar el Estatuto de Roma previo agotamiento, Por ejemplo, Bassiouni, Cherif.
Derecho Penal Internacional. Universidad Externado de Colombia, Ver Robertson, G. Crimes Against Humanity, Op. Neier, A. War Crimes. Random House, Toronto, p.
Genocide as a problem of national and international law: The World War I, the Armenian Case and its contemporary legal ramifications. En 14 Yale Journal of International Law , Ver Schabas, W. Introduction to the International Criminal Court, Op. Bassiouni, Cherif. War crimes trials and clemency in Germany and Japan.
Asamblea General. Documentos oficiales. Suplemento No. Pellet, P. Daillier: Droit international public. RGDIP p. En Cr. Eichmann, , 45 P. II, para. The Evolving Concept of Universal Jurisdiction. The Law of War. Cambrigde University Press. Malanczuk, Peter. Smith, 18 US 5 Wheat. International Law. Cases and Materials.
Third Edition. West Publishing Co. Paul, Minneapolis, , p. Estas materias fueron abordadas en extenso posteriormente, en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, de la segunda post guerra. Introduction to the International Criminal Court , Op. Beyond the Nuremberg Legacy. Oxford University Press, New York, , p.
Akayesu No. ICTRT, 2 de septiembre de Tadic, No. Genocide in International Law. Cambridge University Press, Cambridge, , p. Ver Attorney General of Israel vs. Res 96 I. Cambridge University Press. Genocide in International Law, Op. Cit, p. Para , estados ya eran parte de los Cuatro Convenios de Ginebra.
Ratner S y Abrams, Jason, Op. Ratner S y Abram J. Sentencia del 2 de octubre de Ver, por ejemplo, Bassiouni, Cherif. Ver Ratner, Steven R. Clarendon Press, Oxford, Ver Robertson, Geoffrey. Crimes against humanity. The Struggle for Global Justice. The New Press, New York, Sentencia del 8 de diciembre de Serie C No. Por ejemplo, en en Alemania dos bosnio-serbios fueron condenados por genocidio y asesinato de musulmanes durante el conflicto en la Antigua Yugoslavia.
Vincent Ntezimana. Schabas, Genocide in International Law, op. Para , Estados ya eran parte de los Cuatro Convenios de Ginebra. Ratner y Abrams, op. Ratner y Abrams, op cit. Este nexo se mantuvo en el Estatuto del Tribunal para la ex-Yugoslavia, pero no para el Tribunal de Ruanda.
Sentencia del 2 de octubre de Caso No. Ver Geoffrey Robertson, Crimes against humanity. Por ejemplo, en en Alemania dos bosnio-serbios fue- ron condenados por genocidio y asesinato de musulmanes durante el conflicto en la antigua Yugoslavia. Contenido material del Estatuto de Roma incorporado en la Ley de Paul, Minneapolis, , pp.
Por lo anterior, es necesario examinar dichas limitaciones. Estas cuatro situaciones se analizan en detalle en las secciones 4. El Estatuto de Roma reitera ese compromiso y reafirma el consenso internacional en la materia. La Corte estima que no, por las siguientes razones. Diligencias Penales. Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus dere- chos. Acceso a la justicia y trato justo. Geoffrey Robertson, Crimes Against Humanity.
The Struggle for Global Justice, op. Por ejemplo, en el caso Barrios Altos Chumbipuma Aguirre y otros vs. Cuestiones generales 4. ITT, fallo del 14 de diciembre de , para.
Huet y R. Aires, , p. Por lo tanto, no cualquier orden implica acatamiento por parte del inferior. Maggiore, advierte: "La orden de cometer un delito, aunque este ocasionada por relaciones de servicio no constituye materia tocante al servicio ni pertenece a la esfera de la autoridad superior. En el mismo sentido anota Carlos J. El derecho penal militar y la disciplina. Tratado de Derecho Penal.
Parte General, Vol. I, Bosch, Barcelona, Pero, en modo alguno es posible concebir al soldado reducido al papel de un instrumento ciego. Al menos debe comprender el mandato dado, y saber si la orden emana verdaderamente de su superior; es un ciudadano dotado de inteligencia y voluntad y, por lo tanto, conserva su parte de responsabilidad. En cambio, se impusieron condenas a los militares subalternos cuando el hecho ordenado era ostensiblemente inhumano, como en los casos de asesinatos y torturas.
De lo expuesto se desprende que la regla de responsabilidad, contenida en la norma examinada, vulnera el bloque de constitucionalidad, si se interpreta en sentido absoluto. Puede concluirse que la norma legal examinada es inconstitucional si se interpreta en sentido absoluto. Ley 28 de Los protocolos I y II, adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de , no consagran en favor de los militares, superiores o inferiores, que violen sus normas la eximente de la obediencia debida.
Es importante reiterar que el derecho internacional humanitario ni se agota ni depende de que los tratados acojan sus reglas y principios, pues, al hacerlo simplemente adquieren tales instrumentos valor declarativo y no constitutivo. A este respecto en la sentencia C de M. Tales tratamientos diferentes fueron autorizados por el Acto Legislativo No. Las apelaciones de las decisiones de la Corte pueden ser presentadas por el Fiscal alegando i.
Para todos estos efectos, la persona interesada debe presentar los argumentos que estime conducentes para lograr la revocatoria del fallo que ataca. En estos eventos, el Estado requerido goza de gran discrecionalidad para decidir si coopera o no con la Corte Penal Internacional. En quinto lugar, un Estado puede negarse a extraditar a sus propios nacionales.
Si el Estado decide no regular la materia en su ordenamiento, en todo caso el Estatuto de Roma establece procedimientos y requisitos suficientes para proceder al cumplimiento, de conformidad con el principio internacional de la buena fe, de una solicitud de la Corte Penal Internacional. Este plazo puede ser distinto al que finalmente sea aprobado por la Asamblea. Ello ofrece flexibilidad sin menoscabar la solidez del compromiso que supone ser Estado Parte. En el caso colombiano esto se hizo mediante el Acto Legislativo 02 de Deben ser compatibles con lo establecido en el Estatuto de Roma;.
No modifican el Estatuto de Roma;. R y, segundo, que el estudio del contenido del Estatuto efectuado por la Corte tiene las especificidades mencionadas en el apartado 2 de las consideraciones. Adicionalmente, se constata que numerosos Estados han formulado declaraciones interpretativas al momento de ratificar el tratado. Las declaraciones interpretativas formuladas por los Estados han sido de diverso tipo, v.
Por lo expuesto en esta sentencia, concluye la Corte que la Ley de , por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el correspondiente tratado son constitucionales. Entre dichas disposiciones se destacan las siguientes:. Este tratamiento diferente del principio de legalidad que hace el Estatuto de Roma ha sido autorizado por el Acto Legislativo No.
Este sistema de responsabilidad especial fue autorizado por el Acto Legislativo No. Dicho tratamiento especial fue autorizado por el Acto Legislativo No.
Tales materias son las siguientes:. Secretaria General. Esta se circunscribe a las facultades que le otorga su mismo estatuto. Estos reglamentos van dirigidos a hacer operativo el Tratado de Roma. Al crear cualquiera de tales reglamentos, la Asamblea no puede sobrepasar el mandato conferido en el Estatuto. Para eso, el mismo Estatuto contempla la posibilidad de que ante el fracaso de un arreglo directo, una de las partes demande su incumplimiento ante la Corte Internacional de Justicia.
Finalmente, gran parte de las conductas prohibidas por el Estatuto hacen parte del ius cogens o derecho internacional imperativo. Fecha Ut Supra,. Nota explicativa sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Magistrado Ponente: Dr. Texto del Estatuto y de la ley objeto de revisiOn.
Intervenciones ciudadanas 6. Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados. Contenido material del Estatuto de Roma incorporado en la Ley de Cuestiones Especiales.
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